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CONFLICTOS SOCIALES EN TORNO A LA MINERÍA

Crecen conflictos sociales en torno a la minería

Noticias Aliadas
Lima, Perú    
  
Al tiempo que la minería amplía sus actividades en América Latina, aumentan los conflictos sociales en torno a ésta. Las comunidades reclaman ser consultadas antes de que se otorguen concesiones a las mineras y su reclamo está haciendo mella en las actividades de las empresas.

A fines de enero, unas 3,000 personas de la ciudad guatemalteca de San Marcos realizaron una protesta callejera en rechazo a la explotación minera en ese departamento y pidieron al gobierno que se anule el contrato con la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la estadunidense Glamis Gold. La medida fue organizada por la diócesis de San Marcos, que en los últimos meses se ha puesto a la cabeza en la lucha a la oposición a la minería a cieloa abierto en este país centroamericano.

Al término de su conferencia anual, el 29 de enero, los 21 obispos que conforman la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), emitieron un pronunciamiento en el que pidieron a las autoridades del gobierno que se revise la ley de minería -de modo de evaluar el impacto ambiental y aumentar las regalías exigidas a las empresas- y que se defina el concepto de consulta a la población afectada por esta actividad.

El llamado de los obispos tuvo eco y el 17 de febrero quedó formalmente instalada una comisión de alto nivel que analizará y discutirá el polémico tema de la explotación minera en el país. La Comisión estará integrada por representantes del gobierno y de la CEG y deberá elaborar una propuesta sobre legislación minera, que deberá contener componentes ambientales, económicos y socioculturales.

Guatemala como los demás países de América Central están volviendo a surgir como un destino atractivo para las compañías mineras, especialmente las de oro.

En los últimos meses, como en Guatemala, en Argentina, Costa Rica, Ecuador y Perú, han sido frecuentes los conflictos sociales generados en las zonas de actividad minera.

Victoria para comunidad

En lo que ha sido considerado una victoria para una comunidad agrícola que se opone a la actividad minera, en el Perú, la empresa canadiense Manhattan Minerals anunció la primera semana de febrero su retiro definitivo del país.

Los habitantes de Tambogrande, localidad en el norte del Perú ubicada en un rico valle agrícola semitropical, participaron en junio del 2002 en el primer referendo comunal sobre minería en el mundo. Más de 98% de los tambograndinos dijeron No a los planes de una subsidiaria de la empresa Manhattan Minerals de desarrollar una mina de oro y cobre en su zona.

Aunque el gobierno dijo que el resultado del referendo no era legalmente vinculante, la resistencia a la mina no quedó ahí. Siguieron paralizaciones y campañas para oponerse a una actividad que los pobladores de esa comunidad consideran destruiría su principal medio de vida: el cultivo de limones y mangos. Un año y medio después del referendo, el gobierno puso fin a la opción de concesión de Manhattan en Tambogrande por violaciones contractuales.

Aunque Manhattan apeló la decisión del gobierno peruano, posteriormente sus accionistas tomaron la decisión de vender todos sus activos y participaciones de la compañía en el Perú.

Autoridades preocupadas

La decisión de la minera ha preocupado a las autoridades peruanas, que temen que éste constituya un precedente en un país en el que en el 2004 las exportaciones mineras aumentaron en 44% respecto al año anterior, y ese mismo año el Ministerio de Energía y Minas tuvo que intervenir en 97 conflictos entre comunidades y empresas mineras.

En general, las exportaciones mineras en América Latina -que actualmente constituye el destino más importante de la inversión minera en el mundo-aumentaron en más de un 40% en promedio en el 2004 en comparación con las del año anterior. De ahí que el cómo evitar conflictos sociales en la minería sea un tema que cada vez toma mayor importancia para los gobiernos de la región.

En el caso del Perú, las autoridades están definiendo una estrategia para evitar estos conflictos, la misma que "pasa por tomar conciencia de cuáles son los problemas que afectan la relación de las compañías mineras con la comunidad", según dijo recientemente a medios locales el ministro de Energía y Minas, Glodomiro Sánchez, quien reconoce que los conflictos están creando inestabilidad e inseguridad y pueden afectar las inversiones.

Esos problemas tienen que ver básicamente con el impacto de la actividad minera en el medio ambiente (control y/o contaminación de recursos naturales como agua, suelo y aire) y los pocos beneficios económicos que representa para las comunidades.

En el valle de Siria en Honduras, la oposición local ha montado una campaña contra la mina de San Martín, operada por una subsidiaria de la Glamis Gold, la misma compañía que ha iniciado operaciones en Guatemala. Los agricultores dicen que el agua se ha secado, al haber sido extraída por la mina, que tiene un permiso para usar hasta 220 galones por minuto.

Los vecinos también se quejan de problemas en la piel, supuestamente debido a la presencia de cianuro en el aire y agua, usado para separar el oro de otros minerales, en una proporción de 30 miligramos por litro de agua.

A pesar del entusiasmo inicial de los residentes pobres ansiosos de empleo, sólo unos cuantos vecinos -50 de una población de 40,000, según el informe de un diario- han sido empleados en la mina.

Glamis Gold está repitiendo las mismas promesas de empleo y desarrollo hechas a los habitantes del valle de Siria, ahora a los residentes de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en Guatemala.

Reclaman estar informados

Comunidades campesinas y pueblos indígenas reclaman ser consultados antes de que las autoridades entreguen las concesiones mineras, de modo que se les informe claramente sobre lo que la actividad va a significar para sus vidas a nivel social, económico y cultural.

"Falta aún poder entregar información veraz, información real respecto a los pros y los contras de la minería", indica César Padilla, responsable del área de Minería y Comunidades del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), con sede en Santiago de Chile.

Pero no sólo demandan información sino una participación ciudadana oportuna.

"La participación ciudadana se da, pero de manera tardía, ya cuando todo está decidido y esa participación no genera efecto vinculante", dice el economista José De Echave, de la organización no gubernamental peruana CooperAcción.

"Por ejemplo, un nuevo proyecto minero tiene que presentar un estudio de impacto ambiental. La población es convocada al final y tiene un plazo muy corto para revisar estudios técnicos que son sumamente complicados, enormes, muy técnicos, sin que haya la posibilidad de que esas poblaciones tengan recursos, asesoría, para poder analizar, y además tampoco el marco legal les da ninguna garantía para que sus observaciones sean finalmente incorporadas en estos estudios de impacto ambiental", continúa.

Equidad en manejo de conflictos

También se requiere establecer mecanismos institucionales que garanticen la equidad en el manejo de los conflictos a fin de arribar a acuerdos concertados.

De Echave indica que una característica clave de un proceso de diálogo entre los distintos actores de la minería es que ninguno de ellos lidere ese proceso; sólo así se pueden evitar las relaciones de asimetría que por lo general se dan.

Una experiencia exitosa en ese sentido lo constituyó la Mesa de Diálogo de Tintaya, en el departamento altoandino del Cusco, en el Perú. En el 2004, después de tres años de reuniones las comunidades de la provincia cusqueña de Espinar y la empresa minera inglesa-australiana BHP Billiton que opera la mina de cobre BHP Tintaya, arribaron a un convenio.

Entre otros puntos, acordaron la realización de monitoreos ambientales conjuntos empresa-comunidades en concordancia con los estándares de calidad adoptados por la Mesa de Diálogo. También se pusieron de acuerdo en la creación de un Fondo de Desarrollo Comunitario que contará con el aporte de la empresa y la decisión de que las futuras actividades de explotación o ampliación de la mina requerirán el previo consentimiento de las comunidades involucradas.

"No se puede pensar que el convenio terminará por resolver todos los problemas pasados y los futuros. La implementación del convenio va ser un proceso complicado también. Pero se han sentado las bases para una posible coexistencia armoniosa entre empresa y comunidades", afirma De Echave.

El caso Tintaya muestra cómo un liderazgo compartido -nada fácil en un diálogo donde hay una empresa de talla mundial- puede garantizar resultados satisfactorios para todas las partes.
Para una mayor información sobre ésta y otras experiencias de diálogo entre empresas mineras y comunidades, así como planteamientos sobre el rol que la minería debiera tener para aportar realmente a un desarrollo sostenible en la región lea el número especial de Noticias Aliadas titulado Impacto de la minería en América Latina, disponible en www.noticiasaliadas.org/mineria

Enviado por Noticias Aliadas
02 de Marzo de 2005



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